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Los trabajadores de la Televisión Pública denunciaron un lock out patronal

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La puerta de la TV Pública amaneció hoy con dos móviles policiales apostados sobre la Avenida Figueroa Alcorta. En el estacionamiento al aire libre del canal, sobre la otra puerta de ingreso, una camioneta de las fuerzas de seguridad se hacía ver debajo de la sombra de algunos árboles. El objetivo era unívoco: hacer que todos los trabajadores de la TV Pública que llegaban al canal vieran la presencia policial. En medio del estado de asamblea permanente en el que se encuentran los trabajadores de la TV Pública, tras el comunicado del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyC) en el que se adelanta una política de ajuste en la emisora estatal, las autoridades decidieron responder al pedido de reunión reforzando de manera intimidatoria la presencia policial. “Incluso, pudimos constatar la presencia de policía de civil dentro del canal”, denunció a Página/12 Agustín Lecchi, delegado Sipreba de la TV Pública. Los trabajadores de la TV Pública denuncian un lock out patronal. Página/12 intentó comunicarse con alguna de las autoridades del SFMyC pero no obtuvo respuesta.

Lejos de propiciar el diálogo tantas veces declarado, las autoridades del SFMyC, encabezadas por Hernán Lombardi, sumaron tensión al clima de incertidumbre que desde hace algunas semanas se vive en los medios públicos. El objetivo expresado públicamente de reducir el personal de planta de la TV Pública y negociar el Convenio Colectivo de Trabajo desató temor entre los trabajadores. “Propusimos la modificación del convenio colectivo de trabajo, firmado hace 45 años y completamente obsoleto frente a los cambios tecnológicos, lo que genera altísimos costos de producción”, afirmó el SFMyC en el comunicado del viernes último. No contentos con la difusión de ese anhelo, los móviles de la Policía de la Ciudad y de la Federal en las inmediaciones del edificio de la TV Pública producen una escalada de tensión a priori innecesaria.

“Estuvimos hoy en distintos momentos del día con móviles policiales en la puerta, un carro de asalto y policías de civil dentro del canal. Estamos en asamblea permanente pero no somos delincuentes, somo trabajadores que estamos llevando a cabo una medida gremial. Tenemos motivos para hacerlo porque venimos con una situación de extorsión de parte de las autoridades, pero nunca en ninguna asamblea de la historia hubo algún motivo para tener que sacar la discusión afuera del canal y mucho menos para traer a las fuerzas de seguridad. Lo entendemos como una amenaza, un amedrentamiento y una provocación”, subrayó Lecchi.

El amedrentamiento de parte de las autoridades para con cualquier actividad gremial que se produzca en los medios públicos no parece ser un hecho aislado, sino más bien una política para imponer el ajuste. La semana pasada, el vicedirector de Radio Nacional, irrumpió en medio de una asamblea que analizaba las medidas a tomar ante los 16 despedidos en la emisora estatal, filmando a los trabajadores presentes con su propio teléfono móvil. En el día de hoy, también móviles policiales se hicieron presentes en la sede del Canal de la Ciudad, donde sus trabajadores están de paro y ocuparon los estudios ante los cinco despidos comunicados la semana pasada y la amenaza de que otros treinta se efectivicen en las próximas semanas. Estas cesantías se producen luego de los 180 despidos que se produjeron en el área de contenidos de la TDA (CIARA), y a los 33 de Pakapaka, Encuentro y DeporTV, a quienes se deben sumar los 89 retiros voluntarios en esos mismos canales.

La reducción de personal no es el único problema que enfrentan los medios públicos. El ajuste ya se percibe en las pantallas. En Encuentro, Pakapaka y DeporTV la repetición de programas y los “enlatados” extranjeros son moneda corriente desde hace meses. En la TV Pública, la merma en la producción empieza a sentirse de cara a una programación 2018 de la que nada se sabe. La tercerización de la producción ya comenzó: mientras históricamente los festivales de verano eran realizados por personal propio del canal, este año la transmisión del “Festival de la doma y folclore de Jesús María” lo está transmitiendo personal externo al canal, mediante un móvil de Adart Producciones (fundada en 1987 por Alejandro Gruz y Daniel Burak). Mientras tanto, el móvil de la TV Pública descansa en la puerta del canal. Otro caso que demuestra la disminución en la producción propia es que el noticiero matutino del canal, que hasta hace unos meses tenía una duración diaria de tres horas (de 7 a 10), se redujo una hora a mitad de año (de 8 a 10) y actualmente sólo se emite de una hora (8 a 9). De hecho, con excepción de los noticieros, el único programa en vivo y de producción propia (junto a Kapow) que emite la TV Pública en la actualidad es Cocineros argentinos.

En este contexto, los trabajadores de la TV Pública difundieron un comunicado titulado “El Ministerio Policial de Medios y Contenidos Públicos quiere liquidar la TV Pública” en el que denuncian un “lock out patronal” peligroso. “Con un cinismo pocas veces visto, y mientras proclama entre sonrisas diálogo, pluralismo y amplitud de voces, el SFMyC -detallan los trabajadores- lanza sin previo aviso una guerra contra los periodistas y los trabajadores del único canal de gestión pública del país. Esto se lleva adelante de la mano de despidos en Radio Nacional, TDA, señales Pakapaka, Encuentro, DeporTV y el Canal de la Ciudad. La estrategia a cargo de Hernán Lombardi busca presentar a los trabajadores y sus salarios como el problema, al mismo tiempo que vacía sin pudor al canal de sus contenidos, a tal punto que, tras la renuncia del Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Horacio Levin, en diciembre de 2017, no hay aún ninguna programación conocida, prevista o en marcha para 2018. Una curiosa forma de gestionar los contenidos de los medios públicos cuando deja a la TV Pública a la deriva, reduce horarios de trabajo que empobrecerán inevitablemente los noticieros, y anuncia la paralización total de Canal 7 durante los fines de semana, con la excusa del ´ahorro´.”

En el comunicado, los trabajadores de la TV Pública denuncian que no parece ser la “austeridad” el objetivo buscado por el SFMyC, teniendo en cuenta el sueldo que cobran algunos funcionarios dentro de RTA. “El ahorro y la racionalización que tanto desvelan al Ministerio de Modernización conducido por Andrés Ibarra -señala- cuando se trata de salarios de los trabajadores, pero que no cuenta cuando se trata de colocar a su mujer, Carla Piccolomino, en el área de Relaciones Institucionales de Canal 7, con un sueldo superior a los 190 mil pesos mensuales”. El texto, además, desmiente que la planta de personal en el área de noticias se haya incrementado en un 70 por ciento durante el kirchnerismo, tal como afirmó el SFMyC. “El diálogo que declama Lombardi -cierran los trabajadores- es muy democrático: ninguna interlocución, patrulleros y un carro de asalto de la Policía Federal en la puerta del canal para disciplinar a los peligrosos periodistas, a quienes se empuja a un conflicto que no buscamos ni pretendemos.”

Fuente: Página 12

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