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Del trabajo cooperativo a la asistencia individualizada

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Recientemente el gobierno nacional eliminó los programas de promoción de la Economía Social y generación de cooperativas de trabajo de mayor alcance de nuestro país: Argentina Trabaja, puesto en marcha en 2009, y Ellas Hacen, una línea iniciada en 2013 destinada exclusivamente a mujeres con niñes a cargo o víctimas de violencia machista, que además del ingreso percibido por el trabajo en la cooperativa y la capacitación, buscaba brindar apoyo, contención y herramientas para afrontar junto a otras mujeres y con mayor autonomía su situación.
En reemplazo de estos programas, se anunció la creación de Hacemos Futuro, una transferencia condicionada de ingresos destinada a “personas en estado de vulnerabilidad que comprende la percepción de un subsidio para formación de carácter personal que facilite el acceso y permanencia en los cursos y prácticas de terminalidad educativa y formación integral”, de acuerdo al instructivo Hacemos Futuro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Para continuar percibiendo la prestación, los y las titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen deben reinscribirse en el nuevo programa, actualizar sus datos personales, completar una encuesta referida a sus trayectorias educativas, laborales, de formación, salud, vivienda y grupo familiar. Además, deben brindar información sobre la unidad productiva en la que realizaban las tareas laborales y cuatrimestralmente certificar el cumplimiento de la escolaridad o capacitación obligatorias.
Mediante una estrategia de deslegitimación de las cooperativas y de estigmatización de los y las destinatarias de estos programas como inempleables, el pasaje a Hacemos Futuro implica la ruptura de los espacios colectivos de trabajo creados. Espacios que fueron pensados como un modo de resolver problemáticas en los barrios (la recolección de basura, mejoras de infraestructura, reciclaje, mantenimiento espacios públicos, entre otras), poniendo en juego principios y valores del cooperativismo: la igualdad, la centralidad del trabajo, la solidaridad, la educación y el compromiso con la comunidad.
En este sentido, los cambios parecen apuntar a debilitar la organización y la movilización popular que viene peleando por inscribir el apoyo estatal en una perspectiva de trabajo con derechos, en contraposición a la asistencia individualizada.
Otra cuestión no menor ante este cambio, tiene que ver con las dificultades que implica lidiar con el incremento de trámites burocráticos individuales –pedir un turno para registrar sus datos, completar encuestas, realizar acreditaciones de escolaridad frecuentes- que demandan tiempo, saberes y recursos que responden más a una lógica tecnocrática y de control que a la accesibilidad y garantía de derechos de los sectores populares.
Sumado a ello, en algunas localidades ya se ha expresado preocupación por la inexistencia de lugares habilitados por el gobierno nacional en donde los y las destinatarias puedan inscribirse para completar los estudios y cumplir las acreditaciones que requiere el Programa.
Si miramos este cambio desde una perspectiva de género, podemos preguntarnos cuáles serán los mecanismos que se prevén para contribuir a la escolarización y capacitación de las destinatarias sin que las dificultades para el cumplimiento de esta nueva forma de contraprestación, propias de la situación de mujeres responsables del hogar y del cuidado de sus hijos e hijas, redunde en la doble penalización o discriminación dejándolas fuera del sistema educativo y sin un apoyo económico. Además, el proceso de individualización que supone la nueva lógica del programa pone en riesgo tanto el trabajo colectivo como los espacios de contención, información, acompañamiento y autonomía que intentó construir Ellas Hacen, a partir del reconocimiento de necesidades específicas de estas mujeres.
Estas dificultades alertan sobre las consecuencias del ajuste en los programas sociales. Así emergen la incertidumbre y el temor frente a la posibilidad de dejar de percibir un ingreso fundamental para el sostenimiento de los hogares de los sectores populares. La baja de las prestaciones significa también una menor circulación de dinero en los territorios que impacta en el empleo y en las economías regionales.
En este contexto, Hacemos Futuro no parece plantear una alternativa superadora para la resolución de los problemas. La organización colectiva y la movilización serán clave para exigir el cumplimiento de los derechos y construir desde el trabajo, la solidaridad y la cooperación condiciones de vida digna para todas y todos.
Fuente: ANSOL.

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